El Ayuntamiento de Monteseirín, el más demandado de la historia de la ciudad
En sus tres mandatos, este Gobierno ha sido llevado a los juzgados en decenas de ocasiones. Corrupción, prevaricación, despidos improcedentes o malversación de fondos son algunas de las causas que distintas entidades de la ciudad imputan al Consistorio
Este individuo es uno de los responsables de la situación actual de la Empresa Pública TUSSAM, pero algo me dice que se irá de rositas sin pagar su culpa.
Alfredo Sánchez Monteseirín no sólo pasará a la historia como el alcalde que peatonalizó la Avenida de la Constitución e inauguró la primera línea del Metro. Entre sus grandes hitos también está otro por el que su antecesor Manuel del Valle ya le llamó la atención. Antes las cosas de Sevilla se dirimían en el Ayuntamiento. Ahora se arreglan en los juzgados. Porque, en sus tres mandatos, el Gobierno de Monteseirín es el más demandado de toda la historia de la democracia sevillana. En algunos casos el proceso está en fase de instrucción. En otros, los fallos están recurridos. Y en otros, como en el caso de las facturas falsas de la Macarena o el despido del funcionario José Luis Pardillos acusándole de ser el máximo responsable de la pérdida de la cubierta de la Copa Davis, ya hay sentencia firme contra el Ayuntamiento e incluso condenas de cárcel. Decenas de causas contra la gestión municipal se acumulan en los juzgados sevillanos desde que Monteseirín llegó al poder. Los demandantes acusan al Gobierno de corrupción, prevaricación, malversación de caudales públicos, despidos improcedentes, financiación ilegal de partidos políticos... Y entre los que han decidido ir a los tribunales hay de todo: el partido de la oposición, empresarios, asociaciones, vecinos o funcionarios. Tal vez el caso de las facturas de la Macarena sirvió de faro a muchos que hasta entonces no se habían atrevido a recurrir a la Justicia para solucionar su problema con la administración. Pero después ha venido una lista demasiado larga.
Las facturas de la Macarena
La demanda la interpuso el PA en 2005. Tras varios años de proceso judicial, el Tribunal Supremo terminó ratificando las condenas a los dos principales imputados: José Marín, ex secretario del distrito y hombre de confianza del alcalde, y el empresario José Pardo, quien facturó trabajos que no se habían realizado a través de una empresa que ya no tenía actividad. En el inicio del proceso, Monteseirín lo negó todo. Pero tuvo que acabar admitiendo las irregularidades.
El caso Unidad
La federación de entidades vecinales «La Unidad» recibió un fax desde el Ayuntamiento en el que se daban indicaciones para inflar una factura y convertir parte de la cantidad en dinero negro. A partir de este hecho se fueron descubriendo otros muchos presuntamente irregulares, como que el ex concejal socialista Gómez Lobo aportó al Ayuntamiento facturas de gastos atribuidos a la citada asociación y que en realidad se referían al cambio de bujías de su Vespino. El PP llevó el caso a los tribunales y el juez imputó a otro de los hombres de confianza de Monteseirín, Domingo Enrique Castaño, directivo de Unidad y asesor del PSOE por entonces. El caso está aún en fase de instrucción. Pero no es el único asunto de corrupción en el que se investiga al asesor de Monteseirín.
Mercasevilla
Desde que los empresarios de La Raza denunciaron al PSOE por la petición de comisiones por parte de los dos máximos directivos de la lonja pública, Fernando Mellet y Daniel Ponce, este caso no ha dejado de engordar. El PP puso la primera demanda, ya que los socialistas se habían limitado a dejar la grabación de la petición de comisiones en la Fiscalía. Y la juez de instrucción número 6 amplió la investigación para saber por qué el suelo del mercado había sido adjudicado por concurso a una promotora que no había sido la mejor postora. En todo ese proceso quedaron imputados, además de los dos directivos de Mercasevilla citados —designados por Monteseirín como presidente de la empresa—, el asesor municipal Domingo Enrique Castaño, el abogado Jorge Piñero y el delegado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas, entre otros. Por último, el consejero Beltrán Pérez, del PP, puso otra demanda por delito societario a los gestores de la empresa pública.
El veto a Foxá
Otro de los asuntos que se dirimen en los juzgados es el llamado «veto a Foxá», un caso que se originó tras la negativa de la delegada de Participación Ciudadana, Josefa Medrano (IU), a dos asociaciones para celebrar un homenaje literario al escritor Agustín de Foxá en el centro cívico El Tejar del Mellizo de Los Remedios. Medrano prohibió el acto a pesar de que en un primer momento había concedido el permiso, alegando que Foxá era falangista y que podría tratarse de una «apología del franquismo». Los responsables la denunciaron por prevaricación a ella, a la entonces portavoz municipal, Maribel Montaño, y al primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, por apoyar el veto. Medrano ha tenido que declarar esta semana como imputada por un presunto delito de prevaricación.
El despido de Pardillos
En los juzgados de lo social también tiene un buen número de demandas acumuladas el Gobierno de Monteseirín. Una de ellas, la del funcionario José Luis Pardillos, ya tiene sentencia firme. El Ayuntamiento tuvo que readmitirlo en su puesto en el Instituto Municipal de Deportes e indemnizarle tras haberlo despedido culpándolo de la pérdida de la cubierta de la Copa Davis. El concejal Francisco Manuel Silva volcó toda la responsabilidad sobre él, pero la Justicia lo ha terminado eximiendo de toda culpa.
Los contratos del IMD
Otro funcionario, Isidro Nicolás Fernández-Pacheco, fue cesado de su puesto como secretario del IMD tras elaborar un informe jurídico en contra del plan de contratos promovido por Lolo Silva. El sindicato CSI-CSIF denunció al concejal por «acoso laboral». El juzgado acabó dando la razón al funcionario.
Los despidos de Sevilla Global
Esta empresa municipal también ha sido demandada en los juzgados de lo social por despedir de manera improcedente a varios trabajadores. Actualmente hay tres causas abiertas por estos despidos, dos de ellas vistas para sentencia. Los demandantes denuncian que han sufrido la represalia del Área Socioeconómica (IU) por haber obedecido al anterior gerente en el período en el que éste ya no contaba con el apoyo del partido. Una de las pruebas aportadas es una grabación en la que el primer teniente de alcalde, Rodrigo Torrijos, y el delegado de Economía, Carlos Vázquez, avisan de lo que les podía ocurrir si no acataban sus órdenes y desobedecían al ya ex gerente José Ramírez.
Arte Sacro
Los empresarios que habían comprado locales en el Parque de Arte Sacro de San Jerónimo demandan al Ayuntamiento por vía judicial la devolución de las cantidades ya aportadas por ellos y la resolución del contrato de compra por entender que el Gobierno ha incumplido su parte del convenio vendiendo locales a artesanos de otros sectores y ofreciendo el edificio de usos múltiples a entidades vinculadas a IU.
El cuñado del alcalde
El delegado de Movilidad, Fran Fernández, tuvo que declarar como imputado por haber modificado presuntamente las condiciones estipuladas oficialmente para optar al puesto de director del Instituto del Taxi de Sevilla. Francisco José Ramírez García, ex cuñado del alcalde, fue contratado para el puesto.
La biblioteca del Prado
El TSJA paralizó las obras de esta biblioteca a partir de un recurso interpuesto en 2006 por una comunidad de propietarios de la avenida Diego de Riaño. El alto tribunal anuló la calificación de la zona como equipamiento de uso educativo y la construcción del nuevo edificio de la Universidad. El fallo centraba su argumentación en el principio de desarrollo sostenible y concluía que la calificación de la franja oriental del Parque como equipamiento de uso educativo «no puede considerarse justificada».
El carril bici en zona peatonal
Hasta seis entidades pusieron un recurso para derogar la Ordenanza Municipal de Ciclistas y Peatones que permite colocar un carril bici en las zonas exclusivamente peatonales. El TSJA ha estimado dichos recursos y declarado nulos los artículos de la ordenanza relacionados con la queja.
Adepa contra el PGOU
La Asociación para la Defensa del Patrimonio (Adepa) solicitó a la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la ejecución provisional, pero parcial, de la sentencia previa del Alto Tribunal andaluz que confirmaba la suspensión cautelar de varios artículos del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) sobre cuatro sectores del Conjunto Histórico Artístico. Mediante tal demanda de ejecución provisional, la organización reclama expresamente que se consume dicha anulación sobre las obras promovidas en el sector Encarnación-Magdalena para construir el Metropol-Parasol.
Las cocheras del Metrocentro
Los vecinos del Prado también han llevado a los juzgados la ubicación de las cocheras del tranvía, unas instalaciones que les causan continuos problemas debido a las vibraciones y ruidos que tienen que soportar por la cercanía a los edificios de viviendas. En febrero de este año presentaron una demanda por la vía contencioso administrativa porque la instalación carece de licencia de apertura, pese a lo que está funcionamiento desde octubre de 2007.
En definitiva, la vida política de la ciudad se ha judicializado hasta extremos nunca vistos durante la etapa de Monteseirín, a quien parece haberle caído encima el aojamiento gitano: pleitos tengas y los ganes.
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