La Guardia Civil, contra la DGT

Nada ni nadie permanece impasible ante el nuevo límite de velocidad en carretera. Mientras el Gobierno insiste en que todo marcha bien, varias asociaciones de guardias civiles critican la medida y aseguran que, de momento, no multan a quien circule a 111 km/h.

"Se trata de recaudar y punto". Así de tajante se ha mostrado el portavoz de la Unión de Guardias Civiles (UGC) con respecto a la nueva medida que limita la velocidad máxima en autovías y autopistas a 110 km/h. Manuel Mato Vázquez y la asociación a la que representa, no comprenden cómo "después de 20 años en los que se ha mejorado la calidad de las carreteras y hay más controles, se vuelve a disminuir la velocidad". "Lo que le interesa al Gobierno son las denuncias de tráfico, asi que lo que no recauden los agentes lo harán los radares" sentencia.



Estas palabras han suscitado más polémica en torno a la controvertida medida. Pero aún más ampollas han levantado las declaraciones de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (Uogc), que no han tenido reparos en asegurar que, de momento y dado que no han recibido notificación alguna, los agentes de Tráfico siguen multando a partir de 120 km/h.

En teoría, agentes y radares sancionan desde el lunes 7 de marzo a todo aquel que pise el acelerador por encima de los 110 km/h. Pero la Uogc ha hecho público un comunicado en el que, textualmente, asegura lo siguiente: "Desde que la medida entró en vigor, las escasas instrucciones respecto al funcionamiento operativo de los radares y la formulación de denuncias se han impartido de forma verbal y todas en el sentido de mantener los límites sancionadores vigentes con anterioridad". Y matiza: "Es decir, como si la velocidad máxima siguiese siendo de 120 km/h, lo que implica que los radares salten y se denuncie al rebasar los 132 km/h".

Pero la denuncia de la Uogc va mucho más allá. Si sus palabras son ciertas, el 26 de noviembre de 2010, una orden reguló el control metrológico de los radares de tal forma que, con un límite de velocidad de 110 km/h, los radares fijos deberían saltar a 116 km/h y los móviles a 118 km/h. Y no a 111 km/h, como se viene diciendo.

"La coexistencia de órdenes verbales y escritas contradictorias hace que unos agentes multen al rebasar los 116 km/h, otros a los 121 y otros a los 132 km/h" sentencia la Uogc. Y, como ellos mismos dicen, "esto se traduce en una trato discriminatorio según la provincia por la que se circule.

Pere Navarro: "Tienen instrucciones claritas para multar"

La reacción de la DGT no se ha hecho esperar y ha llegado de boca de su máximo responsable, Pere Navarro. El director de Tráfico ha asegurado que su departamento ha "adecuado los radares al nuevo límite, respetando el margen de error" y ha dado instrucciones para que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil haga lo propio con los radares móviles.

"A lo mejor a este guardia no le han llegado, pero yo le aseguro que la Guardia Civil tiene instrucciones y claritas", aseguró Navarro. También indicó que es cierto que los ciudadanos "no verán multas ni a 111 ni a 112 km/h", pero porque los radares aplican los márgenes de error.

No es de extrañar, con todo esto, que las asociaciones de conductores insistan en que hay que recurrir las multas derivadas del nuevo límite de velocidad.

"Zapatero y Sonsoles no me dieron de alta en la Seguridad Social y me pagaban en negro"

La asistenta del hogar del matrimonio entre 2001 y 2003 denuncia que trabajaba 120 horas mensuales, cuando la ley obliga a dar de alta a partir de 80. "Tendría que haber salido de ellos hacerme los papeles". 

Trabajaba en casa de Sonsoles y José Luis unas seis horas al día y ni me hicieron contrato ni me dieron de alta en la Seguridad Social. Me pagaban en negro”. Con esta contundencia se expresa Isabel Laranjeira, portuguesa de 48 años que lleva casi tres décadas en España trabajando, principalmente como empleada del hogar.

José Luis Rodríguez Zapatero había dado la sorpresa al ganar las primarias del PSOE del 22 de julio de 2000 y convertirse en secretario general del partido imponiéndose a José Bono, Matilde Fernández y Rosa Díez. El entonces diputado del Congreso por León trasladó su residencia a la capital, concretamente a un elegante dúplex de la urbanización Eurogar de Las Rozas, en la zona noroeste de Madrid, un enclave para gente de alto poder adquisitivo. En el verano de 2001 Isabel trabajaba en la casa de una amiga de Sonsoles Espinosa, que fue quien las puso en contacto. “Yo cobraba 800 pesetas a la hora, pero como Sonsoles me necesitaba muchas horas y de lunes a viernes, lo rebajamos a 500 pesetas”, relata la trabajadora. Isabel, según su testimonio, trabajaba una media de 120 horas mensuales y la casa del matrimonio Zapatero era su única ocupación (dejó las otras viviendas que llevaba), por lo que sus empleadores estaban obligados a darla de alta en la Seguridad Social, al superar las 80 horas mensuales que dicta la ley. Fuentes de La Moncloa aseguran en cambio que Isabel no cubría el cupo de horas que marca la ley para obligar al alta.

Dinero de menos

Isabel solía destinar a la casa del matrimonio unas cinco o seis horas por las mañana y, “si no terminaba, volvía por la tarde”, asegura. En periodos como el verano reducía su jornada laboral. Al final de cada mes la empleada dejaba un papel con las horas de trabajo y lo que le tenían que pagar, “de 60.000 a 70.000 pesetas, y cuando ya sólo había euros, pues 300 y pico”, recuerda Isabel, quien añade que en más de una ocasión “Sonsoles me dejaba dinero de menos y yo no lo tocaba, le decía que ese no era el dinero. Una vez eran 380 euros y sólo había 200. Se lo dije y me contestó que se había equivocado”. Según su relato, siempre cobraba en metálico, “nunca con talón ni nada de eso”.
Isabel reconoce que ella no exigió que la dieran de alta en la Seguridad Social. Se conformaba con tener trabajo, aunque hoy se arrepiente. “Tendría que haber salido de ellos hacerme los papeles, además siendo quienes eran, con el partido y todo eso. Yo me subía a una escalera para limpiar una lámpara y si me resbalo y me caigo, ¿de quién era la culpa? ¿Mía?”, se pregunta Laranjeira.
Al margen de lo laboral, Isabel no tiene queja alguna del trato con el entonces líder de la oposición, con el que coincidía poco. Sí saltaron chispas con la esposa de Zapatero, con la que tuvo algún encontronazo: “Una vez Sonsoles no encontraba un sobre con dinero que habían dejado en la entrada y me llamó para preguntarme.
Yo le dije que preguntara a su madre o a las niñas. Me dio dolor de cabeza dos días al pensar que ella creía que me lo había llevado yo. Al final el sobre estaba en la sede del partido porque Zapatero puso encima unos libros y se lo llevó sin querer. Ella me estaba acusando de una cosa que no era”, rememora la ex asistenta de los Zapatero.
Isabel, que se encargaba principalmente de las tareas de limpieza de la casa y del lavado y planchado de la ropa, hace gala de una buena memoria: “Abajo estaban la cocina, el cuarto de servicio y el baño. Después, el salón grande, que era salón comedor. También un aseo, una sala de estar y la habitación del matrimonio. Arriba había tres habitaciones y el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, al que podía entrar a limpiar pero nunca coger ese teléfono si sonaba”.
En ocasiones, la portuguesa, que actualmente continúa dedicada al servicio doméstico, también recogía a las hijas de la pareja en el colegio San Miguel. Cuando llegaba a la residencia del hoy presidente del Gobierno dejaba su DNI en la garita de seguridad de Eurogar y al irse lo recogía. A diario coincidía con los guardaespaldas de Zapatero. Cuando la madre de Sonsoles Espinosa acababa de comprar un piso en la zona de Ópera (Madrid), la asistenta de los Zapatero recuerda que fue a limpiarlo.
En un principio, Isabel sólo iba a estar en casa de los Zapatero-Espinosa un año “porque iban a traer a una chica de fuera, pero al final fueron casi tres años porque hubo problemas con los papeles de su sustituta. A esta, Mari Cielo, sí la contrataron”. LA GACETA ha confirmado con el marido de Mari Cielo que fue así y que “no tuvo ningún problema con ellos”.
El fraude a la Seguridad Social que pudo cometer el matrimonio Zapatero-Espinosa ya ha prescrito. Pero no así sus responsabilidades políticas, dado el deber de ejemplaridad que cabe exigir del actual presidente del Gobierno y autoproclamado adalid de los derechos sociales.