La confusión entre los guardias civiles es total. Y cada ciudadano podría ser sancionado a una velocidad concreta según la provincia en la que esté.

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil ha denunciado este miércoles las consecuencias de la improvisación del Gobierno a la hora de reducir el límite de velocidad a los 110 kilómetros por hora. De hecho, aseguran que esta polémica medida está "ocasionando confusión incluso en el seno de la Guardia Civil de Tráfico".

El problema se basa en las escasas instrucciones dadas a los agentes de la Guardia Civil con respecto al funcionamiento operativo de los radares y la formulación de denuncias "que se han impartido de forma verbal y todas en el sentido de mantener los límites sancionadores vigentes con anterioridad". De mantener esta instrucción los radares deberían saltar al rebasar los 132 km/h.
Pero este argumento se contradice más tarde con la Orden ITC/3123/2010 de 26 de noviembre por el que se regula el control metrológico del Estado de los radares que deben medir la velocidad de los vehículos. En ella se afirma que "para instalaciones fijas el radar puede actuar al rebasar los 116 km/h. y a 118 km/h. en el caso de instalaciones móviles, para limitaciones de 110 km/h".
Es por ello que la existencia de órdenes verbales por un lado y escritas que se contradicen están generando una completa confusión entre los Jefes de Destacamento de Tráfico que no saben que directrices seguir.

De este modo, podría ocurrir que haya conductores que sean multados por rebasar los 116 km/h, otros al hacerlo a 121 y otros a 132, dependiendo en la provincia en la que se circule, lo que supondría un claro trato discriminatorio.